Dictadores de ayer y de hoy

-Hernán F. Gómez-
(publicado en El Universal)

El caso de Manuel Zelaya, refugiado en la embajada de Brasil en Honduras, es inédito en la historia. Nunca antes un presidente constitucional, despojado a la fuerza de sus funciones, había entrado a una legación extranjera para proclamar desde allí su restablecimiento en el poder. Sin embargo, el siglo XX latinoamericano, pletórico de dictaduras, nos dio experiencias de líderes políticos de peso que se vieron obligados a asilarse en embajadas y permanecer allí largos años.
El caso más conocido fue el de Raúl Haya de la Torre, quien en 1949 ingresó a la embajada colombiana en Lima, donde permaneció cinco años sin que el gobierno militar peruano le permitiera salir del país. El fundador del APRA sólo obtuvo un salvoconducto para dejar ese encierro forzado en 1954. Aunque su caso sentó un precedente importante en el derecho internacional, no fue suficiente para evitar una experiencia similar, en 1976, con el ex presidente argentino Héctor Campora.
No fue casual que Cámpora, electo presidente en 1973 para cederle inmediatamente el poder al general Perón, buscara refugio en la embajada de México en Buenos Aires. El ex presidente ingresó allí poco tiempo después del golpe de marzo de 1976. Unos días después se le unió Juan Manuel Abal Medina, líder de la Juventud Peronista a quien los militares también perseguían.
Durante mucho tiempo esperaron que la Junta Militar les otorgara un salvoconducto para trasladarse a México, conforme establece el derecho de asilo. Pero los días se convirtieron en meses y los meses en años y la autorización nunca llegó. Cámpora sólo logró salir de allí a finales de 1979, cuando se comprobó que tenía un cáncer terminal; Abal Medina, en cambio, tuvo que esperar allí por más de seis años, superando así todos los records.
Los tiempos eran otros. De más resulta decir que Cámpora no podía pensar siquiera en asomarse al balcón para saludar a sus simpatizantes, como lo hizo Zelaya. No solamente porque hubiera sido víctima de algún un francotirador, sino porque no había un alma que en la Argentina de entonces se atreviera a salir a las calles o a desafiar el toque de queda. Los dictadores tenían un control absoluto y ya habían comenzado a organizar un baño de sangre en todo el país. 30 mil muertos y desaparecidos fue el saldo de esos años de horror.
No existió entonces nada que se pareciera a una condena internacional, como hemos con Honduras. No había OEA ni Consejo de Seguridad interesado en oponerse. La Junta Militar se mantenía con la connivencia del gobierno de Estados Unidos, pero también de los soviéticos, que supieron hacer buenos negocios con el general Videla. Salvo honrosas excepciones como la de México, que entonces tenía una política exterior de la que podíamos enorgullecernos, no había demasiados países amigos. Prácticamente todas las naciones sudamericanas eran gobernadas por dictadores o se hacían de la vista gorda frente a éstos.
Ese tiempo de dictaduras es un tiempo que pasó en América Latina. Los hombres que despojaron a Zelaya de la presidencia hondureña para subirlo a un avión en pijama, también lo saben. Por eso disfrazan su acción en legalismos, mantienen una apariencia de división de poderes que no era común en las dictaduras de ayer, presentan sus estrategias represivas como intentos por imponer el orden público y actúan sigilosamente sembrando pruebas contra opositores o intimidando adversarios. Se trata de dictadores vergonzantes, gobiernos de facto que no osan confesar su nombre.
Resulta emblemático que una buena parte de las condenas al golpe en Honduras provengan de gobiernos cuyos representantes fueron víctimas de dictaduras o se enfrentaron a ellas. Michelle Bachelet, Tabaré Vazquez, Cristina Fernandez, Lula da Silva… el propio secretario general de la OEA, José Miguel Insulza. Algunos de ellos padecieron cárcel, tortura y exilio en la década del setenta.
Por qué a pesar de esa condena a la que se suman, entre otros, los gobiernos de Estados Unidos, España, México, la Unión Europea, el Consejo de Seguridad de la ONU y la OEA se ha mantenido el gobierno de Micheletti? En parte porque nuestras instituciones internacionales son todavía muy débiles y no logran acciones conjuntas y efectivas en casos como éste. Las iniciativas posibles todavía dependen de las voluntades y los intereses de los países más poderosos.
Pero eso no es lo que más preocupa. Lo que debe realmente alertarnos es que existe todavía en América Latina una élite rancia que sólo acepta las reglas de la democracia mientras no incomode los intereses de su quintal. La época de los grandes dictadores pasó, pero quedan todavía pequeños dictadorzuelos; sujetos que irónicamente se presentan como defensores del estado de derecho.
La democracia que América Latina ha logrado conquistar --con todo y sus defectos, sus insuficiencias y sus contradicciones-- sólo logrará preservarse y tener algún futuro si conseguimos ser implacables contra ellos.
Analista político